Resumen: Presunción de inocencia. Para que pueda ser apreciada en el proceso penal una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria.
Resumen: Tras la reforma operada por la Ley 41/2015, el recurso de casación sólo podrá interponerse, en el caso de recursos contra sentencias dictadas por las AP que resolvían recursos de apelación, por infracción de ley.
En relación con el artículo 380 CP, la temeridad es la misma que integra la infracción administrativa, encontrándose la diferencia entre ambas en que en el delito la temeridad es notoria o evidente para el ciudadano medio. Y se añade que la temeridad manifiesta supone la inobservancia total y absoluta de las normas más elementales de seguridad en el tráfico de vehículos.
Resumen: Se confirma en alzada la condena al acusado por conducir con una tasa de alcohol en aire expirado de 0,93 y 0,80 mg. en las dos tomas consecutivas realizadas, presentando síntomas compatibles con dicha ingesta. Previo examen del alcance del control de la valoración probatoria realizada en la instancia que corresponde hacer al tribunal de apelación, se desestiman las quejas del recurrente por vulneración de la presunción de inocencia y del principio in dubio por reo, y por error en la valoración de la prueba. Valor acreditativo de los agentes de policía actuantes. Criterios para la valoración de la prueba indiciaria. Sí se estima en alzada la queja por indebida inaplicación de la atenuante la de dilaciones indebidas, atendida la duración total del procedimiento (4 años) y el hecho de que se tardara dos años en celebrar la vista oral en el Juzgado de lo Penal.
Resumen: Recurso de casación, ámbito. La sentencia que es objeto de recurso es la dictada por el TSJ, no la de instancia; además, el recurso de casación no es un recurso ordinario, como lo es el de apelación, sino extraordinario y, por lo tanto, no se puede enfocar como si fuera una doble segunda instancia, que se suma a la anterior.
Por esta razón, no debe consistir el recurso de casación en una reiteración del contenido del previo recurso de apelación, porque esto supone convertir la casación en una nueva apelación, ni tampoco en plantear cuestiones nuevas no introducidas en la apelación, porque, al no haber sido discutidas con ocasión de ésta, se trata de cuestiones ya consentidas.
Naturaleza jurídica del comiso: no obstante la naturaleza penal del comiso por su carga sancionatoria, sin embargo su sustanciación se rige por normativa civil, como resulta de lo dispuesto en el art. 803 ter g LECrim. que, aunque sea referido al procedimiento de decomiso autónomo, establece que serán aplicables "las normas que regulan el juicio verbal regulado en el Título III del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento en lo que no sean contradictorias con las establecida en este capítulo"; por ello la acreditación de los presupuestos del comiso "no reclama un estándar de prueba más allá de toda duda razonable, pues este solo resulta exigible en el proceso penal para declarar la responsabilidad criminal de la persona acusada, bastando un estándar de simple preponderancia de la evidencia. Esto es, la suficiente como para llevar al convencimiento del juez, cada parte, su pretensión.
El tribunal de instancia, desde el momento que dicta sentencia condenando por un delito de tráfico de drogas y considera que la cabina y el remolque son instrumentos utilizados para la comisión de dicho delito, porque así lo dispone el art. 374 en relación con el 127 CP, ha de acordar su decomiso. La exclusión del decomiso de un bien exige la constancia de que pertenece a un tercero, entendiendo por tal quien no contrae responsabilidad penal por el delito que lo motiva. Tal circunstancia ha de ser probada por quien alega ese dominio.
Se concluye que en el caso enjuiciado estamos ante un decomiso ordinario y directo del art. 127.1 y 2 CP, por ser de instrumentos utilizados para la perpetración del delito, que, por disposición del art. 374 CP, han de ser objeto directo de decomiso.
Resumen: Se confirma la condena del recurrente como autor de sendos delitos de abuso sexual de los arts. 181 y 182 CP (vigente a la fecha de los hechos). El consentimiento no ha existido en modo alguno, ya que lo que se desprende del "factum" es que la proposición del recurrente es la de hacer un masaje a las dos víctimas, pero lo que consta es un absoluto "exceso" en lo que inicialmente era un masaje, y que, al final, comportó un tocamiento de las partes sexuales de las dos víctimas, que según consta en la sentencia del juzgado de lo penal, tras sus declaraciones, quedaron en estado de shock al salir del lugar donde ocurren los hechos, y no sabían lo que decir, porque en modo alguno hubo consentimiento al tocamiento de partes sexuales de las víctimas, y, sin embargo, ello es lo que ocurrió, lo que provocó que la salida del lugar de las víctimas fuera en ese estado por la auténtica sorpresa de lo que había ocurrido, ante lo que no supieron reaccionar en ese instante. Tampoco procede la aplicación retroactiva de la LO 10/2022: El art. 181.1 CP vigente en la fecha de comisión de los hechos castigaba las conductas descritas en el tipo con la pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses, optando el tribunal por la imposición de la pena de multa. Y el art. 182.1 CP la pena era de 1 a 3 años de prisión. Tras la entrada en vigor de la LO 10/2022, los hechos serían constitutivos de sendos delitos de agresión sexual del art. 178.1 CP, castigados con pena de prisión de 1 a 4 años, superior a la impuesta. Sería igualmente pena superior si se aplicara el subtipo atenuado del 178.3 que establece una pena de prisión en su mitad inferior o la pena alternativa de multa de 18 a 24 meses, a las que debe añadirse las penas accesorias del art. 192.3. CP.
Resumen: El delito de quebrantamiento de medida cautelar no requiere un especial ánimo o finalidad que pretenda buscarse. Con la infracción de la prohibición de acercamiento es suficiente con conocer la existencia de una resolución judicial en que se acuerde esa prohibición y la realización de actos directamente encaminados a infringirla. El hecho de que no exista un acta escrita de entrega de las grabaciones a la Policía Judicial no permite, sin más, cuestionar seriamente la legalidad de la obtención y la autenticidad de las grabaciones. La quiebra de la cadena de custodia se plantea como mera hipótesis, sin aportar ni un solo indicio de que las imágenes analizadas y valoradas hayan sido alteradas o manipuladas.
Resumen: Se aborda la valoración de la prueba. El Tribunal afirma expresamente que la declaración de hechos probados deriva de una valoración conjunta y en conciencia de toda la prueba practicada. Se analiza de forma crítica la actitud del acusado, que se acogió a su derecho a no declarar, permitiendo al Tribunal extraer consecuencias desfavorables. Se descarta la versión exculpatoria del acusado sobre la ingesta alcohólica posterior al accidente por falta de verosimilitud objetiva (inexistencia de churrerías en la zona, distancias, tiempo) y por contradicciones con sus propias manifestaciones previas y con el atestado. Se otorga plena credibilidad a la prueba testifical policial y a la prueba pericial implícita derivada de la tasa descendente de alcoholemia, destacando los síntomas externos evidentes de embriaguez y la correcta realización de la prueba con etilómetro homologado. Se analiza la calificación jurídica, diferenciando con rigor los dos incisos del artículo 379.2 CP. El Tribunal realiza un extenso desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre la exigencia de influencia alcohólica en el primer inciso y la objetivación del tipo en el segundo. Concluye que el caso encaja plenamente en el segundo inciso, al constar una tasa superior a 0,60 mg/l debidamente acreditada, lo que hace innecesario probar la influencia efectiva. Subsidiariamente, razona que aun por el primer inciso concurrirían los requisitos típicos, dada la sintomatología y el accidente causado.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de quebrantamiento de condena. Acusado que es condenado a una pena que le prohíbe acercarse a una distancia de la persona protegida, de su domicilio y de cualquier lugar en que se encuentre aquella y, no obstante ello, acude al centro hospitalario en que se encuentra ingresada la persona protegida. Delito de quebrantamiento de condena. Elemento subjetivo del delito de quebrantamiento. Dolo típico o conocimiento de la vigencia de la prohibición y la voluntad de incumplirla. Diferencias con las motivaciones del autor. Para el derecho penal la motivación del autor es indiferente. Basta con que con su acción incumpla conscientemente la orden de alejamiento.
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que confirmó la condena por un delito de malos tratos en el ámbito de violencia de género. Doctrina de la Sala. El recurso de casación contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales solo puede interponerse por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y exige el respeto de los hechos probados. Tipo atenuado del artículo 153.4 del Código Penal. Su aplicación resulta discrecional. Pena de alejamiento. La Sala desestima las alegaciones sobre la individualización de la pena accesoria dado que ésta se impuso en su límite mínimo.
Resumen: Infracción de ley. El cauce casacional elegido implica la aceptación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sin que con base en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueda pretenderse una modificación de dicho relato fáctico, ya que lo que se denuncia es una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia; de ahí que reiterada jurisprudencia de esta Sala haya afirmado que el recurso de casación por infracción de ley exige el respeto absoluto e íntegro de los hechos probados en sentencia.
Atenuante analógica de confesión. Se ha apreciado en los casos en los que, no respetándose el requisito temporal, sin embargo, el autor reconoce los hechos y aporta una colaboración, más o menos relevante para la Justicia, realizando así un acto contrario a su acción delictiva que de alguna forma contribuye a la reparación o restauración del orden jurídico perturbado. Así, requiere una aportación que, aun prestada fuera de los límites temporales establecidos en el art. 21.4.ª CP, pueda ser considerada como relevante a los fines de restaurar de alguna forma el orden jurídico perturbado por la comisión del delito.
En el caso de autos se descarta la existencai de la concurrencia de la atenuante analógica de confesión toda vez que la condena fue por delito doloso y no es ello lo que admitió el condenado, sino que se actuó a título de imprudencia, y, ante ello, se celebró el juicio con la prueba oportuna. La sentencia concluye que la circunstancia de que el condenado dijera que lo que ocurrió fue a título de imprudencia en modo alguno puede asemejarse a una confesión, y, por ende, no puede otorgársele el beneficio de una atenuante, ni como simple ni como analógica.
